Cartas do Mundo

Carta de Lima: Vizcarra, el sexto presidente acusado de recibir sobornos

 

14/10/2020 11:23

 

 
Menos de un mes después que se librara de un proceso de destitución en el Congreso por la contratación irregular de un funcionario y acusaciones de haber maniobrado para ocultar el caso, el presidente peruano Martín Vizcarra fue acusado de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua, entre 2011 y 2014.

Un colaborador en las investigaciones del Club de la Construcción, como se llama a una treintena de empresas que se confabularon entre 2002 y 2016 para repartirse licitaciones de obras públicas, ha entregado pruebas de un soborno de 300.000 dólares en 2014 a Vizcarra,a cambio de información privilegiada para que la constructora Obrainsa, y su socia italiana Astaldi, ganaran la licitación de la obra de irrigación Lomas de Ilo, un concurso administrado por la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNIPS).

Es una práctica corriente en la administración pública peruana delegar a empresas internacionales la realización y gestión de licitaciones de obras, las que no están alcanzados por las exigencias de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vizcarra ha respondido que la acusación es falsa.“Rechazo categóricamente. En toda mi vida no he estado indignado como lo estoy ahora”, dijo el jefe de Estado.

Dijo que lo que hay en su contra es “solo la declaración de un aspirante a colaborador”. “Sin una sola prueba se atreven a manchar honras y a meter a todos en el mismo saco (de la corrupción)”, ha respondido. Denunció que con esta acusación se pretendería “intimidar al presidente, incluso vacarlo (destituirlo) y callarlo”, lo que, argumenta, es una respuesta a sus demandas de investigar los sobornos pagados por la constructora trasnacional brasileña Odebrecht a importantes políticos.

Sectores golpeados por los procesos anticorrupción que Vizcarra ha respaldado, e incluso impulsado, han encontrado en esta acusación contra el mandatario la oportunidad de devolverle el golpe, y de debilitar su prédica anticorrupción.

La Fiscalía ha recibido como pruebas las copias de los cheques para pagar la coima y varios correos electrónicos. La identidad del colaborador de la fiscalía no ha sido revelada, pero se estima que se trataría del propietario y gerente de la constructora Obrainsa, Elard Tejada, la empresa que habría pagado la coima a Vizcarra, ya procesado en el caso del llamado “Club de la Construcción”.

Tejada estuvo dos años prófugo y hace una semana, en coincidencia con este testimonio dado a la fiscalía, se le cambió la orden de detención por la de arresto domiciliario. Las empresas de Tejada y Vizcarra trabajaron juntas en consorcio cuando ganaron la licitación de una millonaria obra pública en 2003 en Arequipa.

Según el relato judicial del arrepentido, una parte del soborno fue pagado, a pedido de Vizcarra, mediante el alquiler de una avioneta para trasladar a funcionarios bolivianos de Lima a Moquegua, con quienes el político necesitaba reunirse. El pedido a la constructora de que asuma el vuelo “a cuenta de lo pactado” ocurrió en diciembre de 2013, antes de la adjudicación de la licitación.

El presidente peruano señaló en un programa de televisión que no visitó la constructora Obrainsa en las fechas señaladas. “He estado en reuniones de carácter técnico cuando ya la obra fue adjudicada porque era de importancia”, declaró. Explicó que si Obrainsa pagó el costo del vuelo fue como una acción de “responsabilidad empresarial”, pues los funcionarios bolivianos estaban interesados en usar el puerto de Ilo para exportaciones

El diario La República reportó que ejecutivos de otras dos empresas han ofrecido al Ministerio Público pruebas de pagos ilícitos a Vizcarra cuando fue autoridad regional. Una es la constructora peruana ICCGSA y la otra la ecuatoriana CASA.

En el Congreso no ha prosperado el apresurado intento de un sector minoritario de abrirle un nuevo juicio político al presidente, que sería el segundo en menos de un mes. Lo que sí ha prosperado es la formación de una comisión investigadora, que indagará en paralelo a la investigación de la fiscalía.

Pasar de la presidencia a los tribunales es el camino común recorrido por los últimos presidentes: Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción; Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de Odebrecht y a la espera de ser extraditado de Estados Unidos; Alan García, que se suicidó cuando iba a ser detenido por cargos de corrupción.

También Ollanta Humala, procesado por el supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral; y Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en marzo de 2018 -lo que llevó al poder a Vizcarra- acusado de recibir pagos ilícitos de la contructora brasileña Odebrecht y hoy procesado bajo arresto domiciliario. Vizcarra está a punto de sumarse a esa ignominiosa y larga lista negra.

Mariana Álvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

*Publicado originalmente em estrategia.la

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