Pelo Mundo

Las elecciones en Bolivia: el desafío de la democracia

 

17/10/2020 12:08

(J. Karita/AP Photo)

Créditos da foto: (J. Karita/AP Photo)

 
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Desde la renuncia forzosa de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, luego de unas controvertidas elecciones, Bolivia ha sido gobernada por un gobierno no electo, que llegó al poder con el apoyo de los principales partidos políticos de la derecha, en circunstancias al menos confusas. La ruptura resultante de la sucesión constitucional llevó al poder a una presidenta interina, Jeanine Áñez, cuya misión era convocar a nuevas elecciones en tres meses. Finalmente tendrán lugar este18 de octubre de 2020.

Luego de inaugurar su gobierno con persecuciones a líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) y sus simpatizantes, degradados a la categoría de “hordas” y acusados de “terrorismo”, con amenazas a una prensa nacional e internacional calificada de “sediciosa” y un aparato represivo que dejó al menos 33 muertos y cientos de heridos, la presidenta interina fue ciertamente mucho más allá de su misión. Además del retiro del ALBA (Alternativa Bolivariana a los Pueblos de Nuestra América) y de UNASUR (Unión de Nacionales Sudamericanas), el reemplazo sistemático de sus embajadores o, más recientemente, la promoción de los militares por decreto, el gobierno de transición tomó, sin el apoyo del pueblo boliviano, una serie de decisiones que preocupan a los defensores de la democracia y de los derechos humanos en todo el mundo. Por un lado, el regreso de los exiliados, acusados por el gobierno de Morales de participar en organizaciones terroristas o extorsión de fondos públicos, fue acogido por el gobierno de Áñez como una señal de un retorno a la “normalidad”. Por el otro, hoy varios centenares de ex dirigentes del MAS y de las organizaciones sociales están siendo procesadas sin reacción de quienes, en el otoño, se movilizaron en nombre de la democracia. Varios informes internacionales han denunciado los abusos del gobierno de Áñez, incluyendo el de Human Rights Watch que menciona “un ataque político a Morales y sus partidarios”, señalando “restricciones a la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la prisión preventiva”.

Las revelaciones de cuentas falsas de Facebook difundieron propaganda gubernamental, nombramientos controvertidos para presidir empresas estatales nacionales, la liberalización de las exportaciones agrícolas y el decreto que autoriza el cultivo de nuevas especies de OGM (organismos genéticamente modificados) en beneficio de la agroindustria en la rica región de Santa Cruz de la Sierra, baluarte de la oposición al MAS, son elementos que deben alertar sobre la crisis democrática que atraviesa Bolivia. En junio pasado, el gobierno interino se aventuró a donar terrenos estatales al sector agroexportador y, con el falso pretexto de combatir la pandemia de covid-19, transfirió 600 millones de dólares de los fondos públicos para saldar deudas de grandes empresas privadas de Santa Cruz – entre sus principales beneficiarios, estaba el nuevo ministro Branko Marinkovic, uno de los terratenientes más poderosos del país. El deseo de reorientar las políticas públicas en favor de las grandes empresas privadas incluyó la autorización para aumentar las tasas de interés bancarias, la reducción de la tasa impositiva de las grandes empresas y el intento de privatizar la empresa pública de distribución de electricidad en Cochabamba (ELFEC).

Además del escándalo de la compra de respiradores sobrevalorados e inutilizables para hospitales, que derivó en la detención del entonces ministro de Salud, los préstamos hechos al Estado boliviano para enfrentar la crisis sanitaria, incluidos los 327 millones de dólares pactados con el FMI (Fondo Monetario Internacional) sin la aprobación del Congreso ilustran el estado de corrupción generalizada en el país: al menos 20 casos de corrupción e irregularidades han afectado a ministros o personas cercanas al gobierno de Áñez. Con el pretexto de “ahorrar” y reorientar el presupuesto hacia el sector de salud, el ejecutivo cerró sus embajadas en Irán y Nicaragua a principios de junio. En la misma línea, los ministerios de Cultura, Deporte y Comunicación quedaron bajo la supervisión de otros ministerios, con presupuestos y competencias reducidos, y se abolieron los programas de televisión pública en idiomas amerindios. Además, en nombre de la crisis sanitaria, el gobierno de Áñez todavía aspiraba a posponer las elecciones, finalmente previstas para este 18 de octubre.

La represión continúa bajo el estricto control de Arturo Murillo, ministro de Gobierno, que a veces parece ser quien realmente gobierna el país. En pocos meses, aumentó el gasto del Estado boliviano en importación de armas para equipar a la fuerza policial a 15 millones de dólares, es decir, 18 veces más que en 2019. Además de la violencia contra los militantes del MAS, también intenta impedir la candidatura de Luís Arce, del mismo partido, considerada favorita según las encuestas electorales. Y los intereses comunes entre las poderosas empresas agroindustriales autonomistas de Santa Cruz y del Brasil de Jair Bolsonaro dejan dudas sobre las intenciones del “bloque democrático” boliviano de querer asegurar el respeto al voto, más que impedir el regreso del MAS al poder. Duda reavivada por la reciente intervención de la ministra Karen Longaric ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, que fue fuertemente criticada por la gran mayoría de los grupos parlamentarios. Como muestra la experiencia personal de Lula en Brasil, América del Sur se ha convertido en un lugar común para maniobras políticas marcadas por intentos de desestabilización electoral o judicial para inhabilitar a candidatos inconvenientes. La acusación de fraude electoral que precipitó la salida de Evo Morales el pasado mes de noviembre se basó en gran parte en un informe de la OEA (Organización de Estados Americanos) cuyo rigor técnico ha sido cuestionado ya por varios estudios, que han sido ampliamente difundidos en la prensa internacional. Un proceso similar parece ser utilizado por el actual gobierno interino, lo que apunta a la amenaza de un futuro fraude.

Ciertos organismos internacionales, en particular la OEA y la Unión Europea, que no dudaron en 2019 en convocar a una segunda vuelta electoral, demuestran actualmente una intrigante neutralidad. El resultado pacífico de esta elección sólo puede garantizarse si todos los ciudadanos bolivianos, residentes en Bolivia o en otro lugar, tienen acceso irrestricto y transparente a este voto decisivo, y si sus resultados son respetados por todos los candidatos. En un contexto de violencia significativa cometida durante la campaña electoral, especialmente contra el MAS, es fundamental aumentar la vigilancia sobre las condiciones en las que se llevarán a cabo estas elecciones extremadamente polarizadas. El pueblo boliviano, fuertemente afectado por la crisis de covid-19, no debe bajo ninguna circunstancia revivir los trágicos acontecimientos de noviembre de 2019, y debe ser capaz de encontrar una salida democrática a este conflicto y esta polarización de la sociedad. Está en juego la responsabilidad de todos los actores políticos bolivianos, pero también de la comunidad internacional.

Victor Audubert (Univ. Sorbonne Paris Nord, IDPS), Olivier Compagnon (Univ. Sorbonne Nouvelle, CREDA), Hervé Do Alto (Univ. Côte d’Azur, ERMES), Élise Gadea (Univ. Sorbonne Nouvelle, CREDA/IFEA), Pablo Laguna (Univ. Sorbonne Nouvelle, CREDA), Claude Le Gouill (Univ. Sorbonne Nouvelle, CREDA), Françoise Martinez (Univ. Paris 8, LER), Baptiste Mongis (Univ. Sorbonne Nouvelle, CREDA), Franck Poupeau (CNRS, CREDA)



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